Hay incendios porque falta conciencia de país

Por pura estadística, este año no toca que Galicia sufre una ola de incendios forestales como las de agosto 2006 o del pasado octubre. No hay precedentes de que la plaga incendiaria alcance niveles catastróficos dos veranos consecutivos. Lo suyo es que dé tregua durante un cierto tiempo, lo cual no significa que, por bien que vayan las cosas, el fuego no acabe por devastar en los próximos meses unos cuantos miles de hectáreas en los cuatro puntos cardinales del país. Y así será aunque las condiciones meteorológicas no sean similares a las que propiciaron aquellos días negros y aunque se hayan mejorado mínimamente las medidas preventivas.

Ni siquiera la detención de los presuntos responsables de buena parte de la actividad incidendiaria 2017 evitará que asistamos ya mismo a la proliferación de fuegos en los montes gallegos, a los que tendrá que hacer frente el operativo de la Xunta, el Pladiga, un dispositivo que, unido a los medios que aportan las otras administraciones, nos costará a los sufridos contribuyentes cerca de quinientos millones de euros. Una de las causas estructurales que está en el origen de los incendios, la falta de aprovechamiento y de mantenimiento en la mayoría de las parcelas forestales y de monte bajo, persiste y se agrava por el imparable abandono que sufre el rural de Galicia.

Desde 2007, cuando se promulgó la “lei Suárez Canal”, los propietarios de fincas cercanas a viviendas o núcleos tienen obligación de mantenerlas limpias de maleza o de árboles de combustión rápida en una franja de seguridad de cincuenta metros. Corresponde a los concellos velar por el cumplimiento de esa norma y, si los particulares no lo hacen, asumir las tareas de limpieza y pasarles la correspondiente factura. Cualquier puede comprobar que muy pocos atienden esa obligación, sin que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto.

El Gobierno gallego ha dado de plazo hasta el 31 de mayo para que los dueños de terrenos a monte procedan a limpiarlos, especialmente aquéllos que están más cerca de viviendas, núcleos o urbanizaciones, y por primera vez pone sobre la mesa varios millones euros en ayudas a los ayuntamientos. Desde la FEGAMP ya han advertido que hay que ir pensando en un “Plan B”, porque muchos propietarios incumplirán, un año más, esa obligación y a la mayoría de ellos no se les podrá sancionar ni cargar los costes del desbrozado por la sencilla razón de que se desconoce su identidad. Basta consultar algún anuncio de expropiaciones para comprobar que el mayor titular de terrenos rústicos de Galicia es el señor “Desconocido”.

Con “Plan A”, “Plan B” y hasta con “Plan C”, salvo que el verano y el otoño sean lluviosos, volverán a registrarse centenares incendios en aquellas comarcas que no ardieron en los últimos años. Habrá que conformarse con que las zonas pobladas no se vean amenazadas por las llamas. Ello será un alivio para los responsables políticos, también para la gente de a pie, que -he ahí lo grave y lo más triste- no se toma en serio los incendios hasta no los tiene a las puertas de su casa o en las cercanías de una propiedad. Esa indiferencia general es la constatación de un fracaso en la pretensión de que cada uno de nosotros sienta como suyos los problemas de país, aunque no nos afecten directamente. Sin conciencia de lo común, en realidad no hay país.

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