Los juzgados, hacia la normalidad

La actividad en los juzgados gallegos tiende a la normalidad. Eso es lo que trasmiten los operadores judiciales al inicio de la semana que todos creen que será la decisiva para la desconvocatoria de una huelga que, tres meses después de su inicio, teóricamente sigue en vigor. Las que tardarán en normalizarse son las relaciones entre los sindicatos del sector y entre los propios trabajadores, algunos de los cuales han dejado de dirigirse ni siquiera un saludo a raíz de discusiones agrias y subidas de tono sobre el momento y las condiciones en qué debería ponerse fin a este prolongado conflicto laboral, sin precedentes en la Administración pública de Galicia.

El día que los funcionarios fueron convocados a pronunciarse sobre la oferta de la Xunta se vivieron en varias ciudades, sobre todo en Vigo y Pontevedra, situaciones de máxima tensión, insultos, amenazas, que llevaron a una parte de la representación sindical a no dar por bueno el resultado de la consulta, que fue favorable a continuar con el paro por un estrecho margen. El comité de huelga se partió en dos y hubo alguna central, la mayoritaria USO, que se pasó del bando pactista al de los partidarios de mantener la movilización, para acabar de romper un equilibrio inestable en el que empeza a pesar más los proclives a sellar ya un acuerdo con el gobierno gallego.

Todos los convocantes saben que es inviable pretender que continúe la huelga por tiempo indefinido con un mínimo seguimiento. Están a la espera de que la Xunta les convoque nuevamente, aunque sea a una mesa sectorial, o que se vuelva a la fórmula de la mediación.

Ahora, subida saliarial al margen, el caballo de batalla es que los huelguistas recuperen, a ser posible, todo el dinero que les fue descontado por los días no trabajados. El vicepresidente Rueda le ha dicho muy claro a los sindicatos que la Xunta no puede comprometerse a tal cosa, porque además de inmoral e injusta, probablemente sería ilegal. A lo que se comprometió el responsable de justicia de la administración autonómica es a elaborar, con el Tribunal Superior de Xustiza y la Fiscalía, un plan para recuperar en jornadas y horas extraordinarias los juicios, trámites, etc que la huelga obligó a suspender. A él podrán apuntarse voluntariamente los funcionarios que lo deseen, sin preferencias, y sin “premiar” a los que pararon.

Así las cosas, Rueda y sus colaboradores tienen claro que ese plan de trabajo intensivo permitirá en unas cuantas semanas normalizar el funcionamiento de los juzgados, devolviendo los plazos de tramitación a la demora habitual (a reducirla a términos aceptables ya nadie aspira). Lo que ya no va a resultar tan fácilmente normalizable es el ambiente de trabajo en la mayoría de las sedes judiciales, tanto de las grandes como de las pequeñas. Si ahora encima hay que funcionar a un ritmo más exigente, lo normal es que haya aún más roces y salten chispas entre compañeros de oficina, algo desagradable para ellos y desde luego nada beneficioso para los sufridos ciudadanos justiciables.

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