Concellos, la reordenación que sigue pendiente

A principios de los ochenta, cuando arrancó la andadura autonómica, Galicia estaba dividida en trescientos doce municipios (ni siquiera en gallego se empleaba aún la palabra “concellos”, hoy tan habitual). En 1988 Cariño se separó de Ortigueira, una segregación de la que ahora se cumplen treinta años. Habrá que esperar hasta 1994 para que Burela se desgaje de Cervo y tres años después A Illa de Arousa rompe con Vilanova convirtiéndose en el ayuntamiento número trescientos quince. Este proceso de nacimiento de nuevas entidades locales coincide, paradójicamente, con una aceleración en la pérdida de población, que venía de mucho tiempo atrás, y con la gran eclosión de las zonas urbanas unidas por la Autopista del Atlántico, donde hoy vivimos casi tres de cada cuatro gallegos.

Mucho antes del estallido de la gran crisis, que abrió la larga etapa de penuria para las arcas de los consistorios -de la que aún no han salido-, en Galicia estaba ya planteado el debate sobre la reordenación de su mapa municipal. Parecen demasiados concellos para dos millones setecientos mil habitantes mal contados. Existe un consenso político y social bastante amplio en cuanto a la necesidad de reducir su número hasta menos de la mitad. Incluso hay quien plantea que no sean más de cien, lo que supondría suprimir, por fusión o absorción, dos de cada tres de los actuales. Los que viven en las ciudades, en sus áreas metropolitanas y en las grandes villas son los grandes defensores de esa fórmula, se supone que porque serían los beneficiarios de la reestructuración de la planta local. Por el contrario, quienes resisten en pueblos y aldeas, fundamentalmente de la Galicia interior, con sus alcaldes al frente, sólo ven desventajas.

En los últimos cuatro años se pusieron en marcha dos fusiones municipales: en la provincia de A Coruña la de Oza dos Ríos e Cesuras y en la Pontevedra, la de Cerdedo con Cotobade. Todas ellas fueron propiciadas por alcaldes del Partido Popular y alentadas desde la Xunta y las respectivas diputaciones, también gobernadas entonces por los “populares”. La oposición socialista y nacionalista se mostró en contra de ambas operaciones, recurriendo incluso a los tribunales para anularlas. El vecindario, sin embargo, parece haberlas respaldado a juzgar por los resultados obtenidos por el PP en las convocatorias electorales posteriores. Vamos, que en ningún caso hubo voto de castigo. Aun así, y a pesar de que el gobierno gallego sigue empeñado en fusionar concellos, ofreciendo los incentivos que tiene a su alcance, la cosa no va a más. Por el contrario, algunos incipientes movimientos “fusionistas” en el entorno de las grandes ciudades del norte se ha quedado en agua de borrajas. Algo debe tener que ver que las próximas elecciones municipales están a la vuelta de la esquina.

San Caetano no se rinde. Pretende que de aquí al final del tercer mandado de Feijoo, en 2020, se fusionen más concellos. Para animar a los que no lo ven claro, la Xunta encargó al profesor de Económicas de la Universidad de A Coruña Pablo Abeal un análisis de los resultados de la fusión Oza-Cesuras cinco años después de su materialización. Sus conclusiones, naturalmente, son muy positivas. Sin embargo, está convencido de que la racionalización del mapa municipal de Galicia tendrá que hacerse desde arriba y por imperativo legal, como se hizo en muchos países europeos. Por las buenas se pueden conseguir unas cuantas fusiones más, muy pocas, con lo cual el problema de fondo, si es tal, seguirá ahí, eternamente pendiente. Pervivirá tal vez hasta que lo “solucione” la imparable regresión demográfica. Es muy simple. En pocos años bastantes municipios desaparecerán por falta de personal, o sea, porque se vaciarán. Allí no quedará un alma (o sólo almas, según se mire).

A %d blogueros les gusta esto: