Diez años de reestructuración financiera

Una década, que se dice pronto, se ha cumplido ya del estallido de la gran crisis financiera global. Se originó en el peculiar mercado hipotecario norteamericano, con las “subprime”, las gráficamente denominadas hipotecas basura, y acabó afectando gravemente tanto a la liquidez como a la solvencia del sector bancario español, al que abocó a una severa reestructuración que, al decir de algunos expertos, aún no se ha completado, pero cuyos efectos se dejan sentir, y mucho, desde hace tiempo en el pulso de la economía y en la vida diaria de muchos gallegos.
Primero fue la fusión -por imposición política-, allá por 2010, de Caixa Galicia y Caixanova. De ahí surgió la efímera Novacaixagalicia, nacionalizada en 2011 para posteriormente ser “bancarizada” y sometida a una serie de operaciones de reducción de tamaño y de ámbito operativo, hasta su reprivatización, mediante subasta tres años y pico antes de lo previsto. Novagalicia Banco fue adjudicado por poco más de mil millones de euros al grupo venezolano Banesco, que lo transformó en Abanca. Banesco ya controlaba el histórico Banco Etcheverría, que empleó como punta de lanza de su desembarco en España.
Las cajas de ahorro, compitiendo entre ellas, llegaron a manejar, poco antes de desatarse la madre de todas las crisis, casi la mitad del negocio bancario gallego. La suya era una “banca de cercanía”, con un elevado componente de confianza personal entre empleados y clientes que explica que durante el crítico proceso que desembocaría en el nacimiento de Abanca apenas se registrase fuga de depósitos. Los otrora todopoderosos gestores de Caixa Galicia y Caixanova, los Méndez, Gayoso, Pego, García de Paredes y compañía, ante quienes los políticos y grandes empresarios doblaban la cerviz, sufren ahora severas condenas penales y un notorio desprestigio social.
En la primavera de 2012, y comandado por el ejecutivo compostelano Angel Ron, el Banco Popular lanza una OPA sobre el Banco Pastor, el segundo más antiguo de España y que por entonces había alcanzado en Galicia una cuota de mercado de casi un doce por ciento. Poco después, la autoridad bancaria decide intervenir el Banco Gallego, que transcurridos sólo unos meses le será adjudicado al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro, dado lo abultado de su balance negativo. Al final la breve aventura del Popular-Pastor, el sexto banco español, también acabó mal, tan mal que para evitar la quiebra la Unión Europeo propició su venta al Banco Santander, que pagó por él un mísero euro.

Tales fueron las consecuencias de la reestructuración financiera en Galicia que ya nadie discute que este país ha perdido casi toda capacidad de decisión sobre el dinero que tiene depositado en “sus” entidades bancarias, con la honrosa excepción de Caixa Rural Galega, una cooperativa de crédito que subsiste y hasta crece. En estos diez años cerraron sus puertas un millar largo de oficinas (y aún pueden ser más) en ciudades, villas y pueblos, dejando a buena parte de las envejecidas zonas rurales sin los servicios más básicos, amén de la pérdida de unos cinco mil empleos. De hecho, actualmente más de treinta municipios carecen de sucursales y en noventa y tres solamente hay una, según los últimos datos oficiales, síntoma evidente de un galopante proceso de exclusión financiera.
Mucho más que un daño colateral, la drástica reestructuración del sector financiero gallego (y la consiguiente “desgalleguización”) nos ha privado casi por completo de dos potentes herramientas de acción social y cultural: las fundaciones de las antiguas cajas y la Fundación Barrié. Por diversos avatares estas dos entidades se han quedado en los puros huesos. No tardaremos en darnos cuenta de hasta qué punto esta pérdida de músculo puede dañar un organismo tan débil como es la anémica sociedad civil gallega.

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